La medida cameral obliga a que todos los menús, ya sean físicos, digitales o en aplicaciones móviles, incluyan los tamaños disponibles, y a que los empleados estén adiestrados para ofrecer todas las alternativas.
El representante Edgar Robles Rivera, quien representa a los municipios de Arecibo y Hatillo y también preside la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara Baja, presentó un proyecto de ley que busca ponerle fin “a una práctica común en los establecimientos de comida rápida: ocultar al consumidor la opción del tamaño pequeño en sus ofertas”.
En muchos restaurantes de comida rápida, los empleados solo mencionan los tamaños medianos o grandes al momento de ordenar, ignorando el tamaño más económico.
Incluso, en ocasiones, los combos son agrandados sin que el cliente lo haya pedido. Esto, además de afectar el bolsillo, fomenta un consumo excesivo que incide en la salud de la gente.
“Lo que queremos es sencillo: que a la gente se le hable claro y que pueda escoger lo que de verdad quiere y puede pagar. No se trata de ponerle más trabas a los negocios, sino de exigir transparencia y respeto al consumidor”, sostuvo Robles.
La medida cameral obliga a que todos los menús, ya sean físicos, digitales o en aplicaciones móviles, incluyan los tamaños disponibles, y a que los empleados estén adiestrados para ofrecer todas las alternativas.
De igual forma, le ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) establecer mecanismos de fiscalización y educación.
Los estudios muestran que el 42% de las veces los empleados ofrecen tamaños más grandes, pero con sistemas digitales la cifra sube al 100%, lo que impulsa un gasto adicional de hasta 10% por visita.
Para alguien que gasta en promedio $148 al mes en comida rápida, esto puede significar entre $15 y $20 extra mensuales. En salud, elegir porciones más grandes puede aumentar hasta un 55% las calorías consumidas.
El proyecto también fija multas de entre $500 y $1,000 a los comercios que incumplan con esta obligación.
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